El Decreto 31-22 instruye a instituciones públicas responsables de programas de índole social a abrir procesos de compras en los cuales micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) industriales del territorio nacional pudieran competir de manera exclusiva entre ellas para ser adjudicadas. De esta forma, a través de este instrumento, desde el Estado se impulsa el aumento de los ingresos de las industrias Mipymes, promoviendo así el crecimiento económico del país y la generación de empleos.